RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA EN DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA. COMPLIANCE PENAL

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 5/2010, y desde entonces, a toda persona jurídica le pueden ser impuestas un amplio catálogo de penas, entre otras:

–          Disolución de la persona jurídica.

–          Suspensión de la actividad temporalmente.

–          Clausura de locales y establecimientos.

–          Inhabilitación para conseguir subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

–          Intervención judicial.

–          Multas.

Junto con ello obviamente tenemos el daño reputacional y social (publicidad negativa) que puede sufrir la compañía ante cualquier condena penal, y, en materia de contratación, la prohibición para contratar con la Administración Pública puede generar importantes pérdidas económicas para la misma.

Existe un régimen de exenciones que permite a las personas jurídicas salvaguardar su responsabilidad penal, para ello, las sociedades deben adoptar y ejecutar programas de prevención de riesgos penales (Corporate Compliance), estableciendo así modelos de organización y gestión adecuados para prevenir delitos o reducir el riesgo de su comisión.

Denominamos  Corporate Compliance al conjunto de procedimientos adoptados por las Empresas para identificar los riesgos “operativos” y “legales” a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, detección, gestión, formación y control, así como verificación por un experto independiente.

CASO GENEPOL.

Recientemente saltó a la prensa el caso Genepol (www.poderjudicial.es), en el que el magistrado de Instrucción nº 3 de Teruel, encargado de la investigación judicial, ha comunicado a las partes el auto dictado en el que, tras valorar las declaración de los imputados, las testificales y las periciales practicadas, así como de la copiosa documental obrante en las actuaciones, imputa como responsables de un posible delito contra el medio ambiente al alcalde de la localidad en la que se estarían produciendo los vertidos ilegales, al jefe de planta en su condición de administrador de la empresa y a la propia empresa como persona jurídica.

El juez considera que, ante el incumplimiento de medidas de control, interno y externo, para supervisar de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa dado que no existía la figura del Director de Cumplimiento Normativo, no constan los medios de control, instrumentos de prevención (mapas de riesgos, códigos de conducta, compliance programs, etc), y la falta de soporte documental que acredite la adopción de las mismas, resultaba factible  y era de obligado cumplimiento para la instrucción la imputación de la persona jurídica.

Se hace pues cada vez más aconsejable contar con dichas medidas, para lo cual nuestro despacho, CondeAbogados, integrado por especialistas y colaboradores en la materia, sabrá dar respuesta a sus necesidades.

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