SALIDA COMO COMUNERO PERTENECIENTE A UNA COMUNIDAD DE REGANTES

Las Comunidades de Regantes son Corporaciones de Derecho Público adscritas al Organismo de cuenca (la respectiva Confederación Hidrográfica), la cual además debe velar por el cumplimiento de sus Estatutos u Ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento del agua.

De ahí que, por ejemplo que los acuerdos de la Junta general y de la Junta de Gobierno, se pueden impugnar mediante Recurso de alzada ante el Organismo de cuenca y revisables en sede de Recurso Contencioso Administrativo.

Nuestro cliente, especialmente afectado por la sequía, nos pregunta si tiene DERECHO A SEPARARSE DE LA COMUNIDAD.

 

La norma legal, articulo 212.4 Reglamento de Dominio Público hidráulico establece que “ningún miembro de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones que con la misma hubieran contraído”

 

¿Qué sucede, cuando, renunciando a los derechos que me concede pertenecer a una Comunidad de Regantes: usar agua, instalaciones, etc. la Comunidad se niega?

La Sentencia del TSJ Andalucía (Granada) (Contencioso), sec. 3ª, S 25-05-2015, nº 1026/2015, rec. 973/2011, reconoce el derecho de la actora a darse de baja de la Comunidad de regantes previa renuncia al aprovechamiento de agua que le corresponda y una vez asumidas las obligaciones que pudiera tener frente a la comunidad señalando:

SEGUNDO.- .-  

Se apoya el recurso de apelación en varios motivos, referido el primero de ellos a la infracción, por parte de la sentencia de instancia, del derecho de asociación consagrado en el artículo 22.1 de la Constitución española (EDL 1978/3879), en su vertiente negativa; esto es, como derecho a no asociarse.

A juicio de esta Sala el motivo debe ser estimado y con ello el íntegro recurso de apelación. Dispone el artículo 212.4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (EDL 1986/10061), por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidráulico (única norma referida a la materia y que es reproducido textualmente por el artículo 6 de los Estatutos de la Comunidad apelada), que » Ningún miembro de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones que hubieran contraído «. La parquedad de la regulación legal sobre el derecho de la separación de los comuneros en las comunidades de regantes ha justificado la aparición de dos corrientes jurisprudenciales contrapuestas: de un lado, la que estima que la garantía de la supervivencia de las comunidades de regantes exige hacer una interpretación restrictiva del derecho de separación de los comuneros, de tal manera que la integración de éstos en aquéllas resulta obligatoria; por ello, la separación sólo podrá tener lugar cuando se acredite la imposibilidad física o la falta de viabilidad económica del riego. Como ejemplos de la misma pueden citarse las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 14 de setiembre de 2011, 6 de noviembre de 2012 y 18 de marzo de 2013.

De otro lado, otro grupo de sentencias entienden que la salvaguarda del derecho de asociación exige reconocer a los miembros de las comunidades de regantes el derecho de separación siempre que se cumplan los presupuestos establecidos por el RD 849/1986 (EDL 1986/10061); esto es, que se renuncie al aprovechamiento de las aguas y se liquiden las obligaciones pendientes que pudiera tener el solicitante frente a la comunidad. Como ejemplos de esta segunda línea pueden citarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 21 de febrero de 2003 -confirmada por la del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2006-; las del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de mayo, 18 de mayo y 13 de julio de 2011, y las de este Tribunal -Sala de Sevilla- de 28 de mayo y 26 de junio de 2014, así como la más antigua de 24 de diciembre de 1992, confirmada por la del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2000.

Como hemos dicho, esta Sala estima más ajustada a Derecho la interpretación favorable al derecho de separación; y no sólo por unidad de doctrina con las sentencias de la Sala de Sevilla, sino porque es la solución que mejor encaja con el tenor literal del artículo 212.4 del RD 849/1986 (EDL 1986/10061); no pudiendo condicionarse la baja de un comunero a la concurrencia de unos requisitos que no son legalmente exigibles. Es decir, en el caso que nos ocupa la Comunidad de regantes pudo condicionar la baja de la actora a la renuncia formal al aprovechamiento de aguas -renuncia que, indirectamente, había realizado al expresar en la solicitud su voluntad de «… ser dada de baja a todos los efectos -derechos y obligaciones -» y al abono de las obligaciones que estuvieran pendientes, si es que existían. Pero no, desde luego, condicionar la concesión de la baja a la imposibilidad física o falta de viabilidad económica del riego.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *