MEDIDA CAUTELAR: RECLAMACIÓN DE DEUDAS DERIVADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

RECLAMACIÓN DE DEUDAS DERIVADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

MEDIDA CAUTELAR DE PAGO INMEDIATO DE LA DEUDA

A día de hoy, a pesar de las diferentes medidas adoptadas por el legislador para agilizar EL COBRO DE DEUDAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES FRENTE A LAS ADMINISTRACIÓN PUBLICA, lo cierto es que la situación continúa asfixiando a  pequeñas y medianas empresas.

No está de más por ello recordar la posibilidad de, en el recurso que se entable en reclamación de dichas cantidades, solicitar la medida cautelar de PAGO INMEDIATO DE LA DEUDA.

ACORDADA LA MISMA, EL CONTRATISTA ANTICIPARÁ EL COBRO ANTES DE QUE SE RESUELVA EL PLEITO, quedando lógicamente a expensas de lo que se decida en Sentencia.

Dicha medida cautelar fue aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ( RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( RCL 2007, 1964 ), en su artículo 217, en que se establece que, transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última.

Si bien la aplicación de dicha norma  a contratos anteriores al 2011 suscitó al principio dudas jurídicas, dichas dudas están totalmente despejadas, dado que el  Tribunal Supremo, en Sentencias de 7 de noviembre de 2012  y de y 15 de enero de 2013 se ha pronunciado a favor de dicha aplicación.

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