El TSJA condena a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a devolver a una Comunidad de Regantes más de 20.000€.

Nuestro cliente, Comunidad de Regantes local, en el año 2004 se planteó la posibilidad de realizar un Proyecto de Canalización y Revestimiento de la Acequia de dicha Comunidad, y, tras mantener conversaciones con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esta le informó que se estaban concediendo por la Unión Europea una serie de ayudas cuyo tramitador era ella, para este tipo de actuaciones.

Le informó que la realización de la obra debía ser sufragado en un 25% por la Comunidad de Regantes y el resto por Confederación, a través de los Fondos Comunitarios FEDER y así quedó reflejado en el Convenio firmado.

Dichas ayudas FEDER se encontraban recogidas en el PROGRAMA OPERATIVO PARA LOS AÑOS 2000-2006, en concreto en la medida 3.2. consistente en “Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua”. 

De conformidad con lo establecido en el Convenio, el presupuesto total de ejecución del proyecto sería financiado por ambas de la siguiente forma, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aportaría el 75% de las inversiones necesarias, mediante aportaciones procedentes de Fondos FEDER de la Unión Europea, y la Comunidad de Regantes el 25%.

Con posterioridad, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir remitió UNILATERALMENTE  a nuestro cliente Addenda modificativa del Convenio, en donde el porcentaje de aportación cambiaba, del 25% al 30% pretendiendo que la inversión se acogiera al nuevo Programa operativo 2007-2013. Nuestro cliente no lo firma, pero Confederación le exige más de 20.000 € correspondientes  a ésa diferencia del 25% al 30% de porcentaje de financiación que exige que asuma.

El Tribunal da la razón a nuestro cliente, señalando que el convenio firmado es legal y conforme a Derecho, que Confederación pactó con la Comunidad de Regantes que pagaría el 75% de las obras, y ese convenio tiene fuerza de ley entre las partes, por lo que debe cumplirlo, estima el recurso y anula la actuación administrativa ya que señala, no es conforme al ordenamiento jurídico que Confederación no cumpla con los compromisos que ella misma asumió.

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