El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es un índice de tipos de interés de préstamos hipotecarios similar al Euribor, pero elaborado por el Banco de España sobre la media de los intereses aplicados por las cajas de ahorros y bancos.

Las hipotecas que se referenciaron con este índice, por lo general, poseen tipos de interés muy elevados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha analizado su uso y concluye, en sentencia del pasado 12 de diciembre de 2024, que, pese a ser un índice oficial (publicado en el BOE), su uso puede ser considerado abusivo en determinados supuestos, así exige que un consumidor medio debe estar en condiciones de:

1. Comprender el método de cálculo del IRPH y su diferencia con otros índices como el euríbor.
2. Evaluar las consecuencias económicas de la cláusula, basándose en información clara y precisa proporcionada por el banco.

El carácter abusivo de una cláusula vinculada al IRPH dependerá de varios factores:

1. Falta de transparencia. Si el consumidor no comprendió plenamente el método de cálculo del IRPH ni sus implicaciones.
2. Comparación con tipos de mercado. Se debe evaluar si el tipo de interés efectivo resultante es significativamente más alto que los tipos usuales en contratos comparables.
3. Ausencia de diferencial negativo. La no aplicación de un ajuste recomendado por el Banco de España puede ser indicio de desequilibrio en perjuicio del consumidor.

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De ahí que, por ejemplo que los acuerdos de la Junta general y de la Junta de Gobierno, se pueden impugnar mediante Recurso de alzada ante el Organismo de cuenca y revisables en sede de Recurso Contencioso Administrativo.

Nuestro cliente, especialmente afectado por la sequía, nos pregunta si tiene DERECHO A SEPARARSE DE LA COMUNIDAD.

La norma legal, articulo 212.4 Reglamento de Dominio Público hidráulico establece que “ningún miembro de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones que con la misma hubieran contraído”

¿Qué sucede, cuando, renunciando a los derechos que me concede pertenecer a una Comunidad de Regantes: usar agua, instalaciones, etc. la Comunidad se niega?

La Sentencia del TSJ Andalucía (Granada) (Contencioso), sec. 3ª, S 25-05-2015, nº 1026/2015, rec. 973/2011, reconoce el derecho de la actora a darse de baja de la Comunidad de regantes previa renuncia al aprovechamiento de agua que le corresponda y una vez asumidas las obligaciones que pudiera tener frente a la comunidad señalando:

SEGUNDO.- .-  

Se apoya el recurso de apelación en varios motivos, referido el primero de ellos a la infracción, por parte de la sentencia de instancia, del derecho de asociación consagrado en el artículo 22.1 de la Constitución española (EDL 1978/3879), en su vertiente negativa; esto es, como derecho a no asociarse.

A juicio de esta Sala el motivo debe ser estimado y con ello el íntegro recurso de apelación. Dispone el artículo 212.4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (EDL 1986/10061), por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidráulico (única norma referida a la materia y que es reproducido textualmente por el artículo 6 de los Estatutos de la Comunidad apelada), que » Ningún miembro de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones que hubieran contraído «. La parquedad de la regulación legal sobre el derecho de la separación de los comuneros en las comunidades de regantes ha justificado la aparición de dos corrientes jurisprudenciales contrapuestas: de un lado, la que estima que la garantía de la supervivencia de las comunidades de regantes exige hacer una interpretación restrictiva del derecho de separación de los comuneros, de tal manera que la integración de éstos en aquéllas resulta obligatoria; por ello, la separación sólo podrá tener lugar cuando se acredite la imposibilidad física o la falta de viabilidad económica del riego. Como ejemplos de la misma pueden citarse las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 14 de setiembre de 2011, 6 de noviembre de 2012 y 18 de marzo de 2013.

De otro lado, otro grupo de sentencias entienden que la salvaguarda del derecho de asociación exige reconocer a los miembros de las comunidades de regantes el derecho de separación siempre que se cumplan los presupuestos establecidos por el RD 849/1986 (EDL 1986/10061); esto es, que se renuncie al aprovechamiento de las aguas y se liquiden las obligaciones pendientes que pudiera tener el solicitante frente a la comunidad. Como ejemplos de esta segunda línea pueden citarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 21 de febrero de 2003 -confirmada por la del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2006-; las del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de mayo, 18 de mayo y 13 de julio de 2011, y las de este Tribunal -Sala de Sevilla- de 28 de mayo y 26 de junio de 2014, así como la más antigua de 24 de diciembre de 1992, confirmada por la del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2000.

Como hemos dicho, esta Sala estima más ajustada a Derecho la interpretación favorable al derecho de separación; y no sólo por unidad de doctrina con las sentencias de la Sala de Sevilla, sino porque es la solución que mejor encaja con el tenor literal del artículo 212.4 del RD 849/1986 (EDL 1986/10061); no pudiendo condicionarse la baja de un comunero a la concurrencia de unos requisitos que no son legalmente exigibles. Es decir, en el caso que nos ocupa la Comunidad de regantes pudo condicionar la baja de la actora a la renuncia formal al aprovechamiento de aguas -renuncia que, indirectamente, había realizado al expresar en la solicitud su voluntad de «… ser dada de baja a todos los efectos -derechos y obligaciones -» y al abono de las obligaciones que estuvieran pendientes, si es que existían. Pero no, desde luego, condicionar la concesión de la baja a la imposibilidad física o falta de viabilidad económica del riego.

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¿Qué es esto?
los intereses se suman al capital pendiente para volver a generar más intereses.
Los préstamos hipotecarios de UCI, generalmente, prevén desde cuatro, incluso seis fracciones
temporales en su amortización o pago. Sin embargo, en las primeras fracciones la entidad
establece cuotas mensuales que no tienen en cuenta el interés devengado (que históricamente
ha sido siempre muy elevado, pues son préstamos cuyo índice de referencia suele ser el IRPH)
ni el capital prestado, por lo que es muy probable que no hayan llegado a cubrir siquiera los
intereses devengados (mucho menos el capital).

Esos intereses devengados y no satisfechos que pudieran generarse en función del tipo de
interés aplicable (…) y del importe a pagar durante la (correspondiente) fracción temporal se
acumularán al capital pendiente de amortización, entendiéndose capitalizados por pacto
de ambas partes de acuerdo con el artículo 317 del Código de Comercio”.
Esto es lo que se denomina “pacto de anatocismo”.
Ello es muy perjudicial para usted, tanto que, como llega a decir una sentencia:

“La capitalización de los intereses remuneratorios y los criterios de imputación de pagos que
vertebran el sistema de amortización que se analizan son lícitos ( artículos 1.110 CC y 317 C.
Comercio), pero provocan un efecto negativo para el consumidor porque agrava la carga
económica del prestatario en la forma en que esta es percibida por un consumidor medio que
no recibe una específica información al respecto. Esa es la razón por la que la información
cualificada sobre el particular es imprescindible para entender superado el control de
transparencia.”
Consecuencia de la cláusula: ha amortizado menos capital del préstamo (hay más
cantidad pendiente de pago) y se han generado más intereses a pagar.

En Conde Abogados calcularemos y aportaremos informe pericial cuantificando las
cantidades.

Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales de Oviedo, Murcia, Cádiz, Málaga,
Alicante, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Las Palmas, Granada, Asturias y Toledo avalan nuestro
criterio.

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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 25 de enero de 2024, a no solo arroja luz sobre la duración y la interpretación de los plazos de prescripción para reclamar, sino que también establece importantes precedentes en relación con la protección de los derechos de los consumidores frente a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, y más concretamente la nulidad de cláusulas relativas a los gastos de formalización de hipoteca en contratos de préstamos hipotecarios.

Aspectos relevantes establecidos por el Tribunal:
• Principio de efectividad:  las normas nacionales no deben obstaculizar el ejercicio de los derechos conferidos por la legislación de la Unión Europea.
• Duración y conocimiento del Consumidor: el plazo de prescripción para reclamar debe ser materialmente suficiente para permitir al consumidor invocar los derechos
conferidos por la normativa comunitaria, y el conocimiento del consumidor debe abarcar no solo los hechos sino también la valoración jurídica y la conciencia de los
derechos conferidos por dicha normativa.
• Principio de inferioridad del Consumidor: La sentencia resalta la situación de inferioridad del consumidor respecto al profesional, señalando que la información
disponible para el profesional es preponderante. No se puede presuponer que el consumidor conozca jurisprudencia nacional.

Así, entiende que un plazo de prescripción de cinco años –art.1964 Código Civil español-, es contrario al principio de efectividad y establece que el conocimiento del consumidor “sobre la abusividad de la cláusula y los derechos conferidos por la normativa comunitaria” debe adquirirse antes de que comience a correr el plazo de prescripción o antes de que expire.

En definitiva, hasta que no se declare la nulidad de la cláusula, no puede iniciarse el cómputo del plazo de prescripción de cinco años, para solicitar la devolución de los importes indebidamente pagados por aplicación de la misma, teniendo en consideración que cada cláusula debe someterse a un análisis individual sobre su incorporación, transparencia y contenido para determinar si es abusiva o no.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de mayo de 2007:
Contrato de concesión del servicio de escuela municipal de música y danza.
• La indemnización de perjuicios, a falta de acreditación de los daños realmente causados, consiste en el beneficio industrial, que es el 6% del presupuesto de ejecución material.

• Al ser un contrato plurianual, no hay acreditación de que el beneficio se obtendría en los seis años de duración del contrato, por lo que sólo se concede respecto del primer año.

• No procede la indemnización solicitada por daño moral al no haberse acreditado el descrédito, menoscabo o mala fama que el contratista haya podido sufrir en el ámbito de su actividad como consecuencia de la falta de adjudicación del contrato a su favor.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 31 de enero de 2023:
Contrato de servicios.
• Al ser un contrato de servicios plurianual, se reclamaba indemnización por los años en los que el recurrente no pudo prestar el servicio.

• Procede percibir el beneficio industrial por el tiempo en que no ejecu-tó el contrato, que “siempre se ha considerado que es el 6% del presupues-to de ejecución material”.

• No procede la indemnización del 13% en concepto de gastos genera-les porque dichos gastos “se devengan por la prestación del servicio con-tratado y no por su inejecución”.

Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de abril de 2023:
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0b19c446908d74cea0a8778d75e36f0d/20230510

En esta, se concede una indemnización igual al precio del contrato, considerando que la no adjudicación de un contrato cuando en realidad se tenía derecho a ella, causa al contratista una serie de perjuicios que no se cubren con el pago de la indemnización del 6%. Señala que:
Habida cuenta del tiempo transcurrido y ante la eventualidad de que el contrato ya haya sido ejecutado, se fija en favor de la recurrente el derecho a cobro de una in-demnización de 198.435 €, valor de su proposición económica.

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Sin necesidad de celebrar los comicios, al presentarse una única candidatura, la renovación del equipo gestor culmina con la revalidación de Rosa Gutiérrez Conde como presidenta de la agrupación. También repiten Jorge Palomino Morales, como vicepresidente; Antonio Sánchez Jáuregui, como secretario; y Manuel Martínez Mercado, como tesorero. En las Vocalías, prosiguen José Luis Santana Mochón y Silvia Sevilla Tripero, uniéndose también Domingo Funes Arjona.

Una Junta Directiva que está formada por profesionales de gran experiencia y que trabajan con la Administración en diferentes facetas, ya sea como abogados del ciudadano, ya sea de empresas, ya sea de la Administración. “Este diferente enfoque enriquece el mismo y hace más fructífero el debate del futuro de la profesión, de las necesidades de los clientes y abogados, de la problemática en el desempeño de la abogacía, etc.”, señala Gutiérrez Conde.

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¿Cómo se valorarán estos bienes, que, si bien han sido clasificados como urbanizables, aún no cuentan con ordenación detallada o pormenorizada?

Tratándose de inmuebles rústicos cuyo suelo haya sido clasificado como urbanizable por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados o cuando éstos prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y en tanto no cuenten con determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, la valoración catastral se realizará mediante la aplicación de los módulos que, en función de su localización, se establezcan por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En tanto se dicta dicha orden ministerial, se remite a la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre.

¿Cómo adaptar los valores?

El cambio de naturaleza de los bienes inmuebles será de aplicación a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie con posterioridad a la entrada en vigor en el 2015 de la modificación y, señala, a tales efectos los Ayuntamientos deberán suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los suelos que se encuentren afectados.

Esta situación legal es claramente resumida en SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada, Fecha: 02/03/2023, Tipo resolución: Sentencia , Sección: Segunda, Número Sentencia: 482/2023, Número Recurso: 1416/2019, Núm. roj: STSJ AND 2612/2023, Ecli: ES:TSJAND:2023:2612:
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2265e7f7d425101fa0a8778d75e36f0d/20230518
Este nuevo criterio de valoración no supone considerar a los suelos objeto del mismo como urbanos, sino que, por el contrario, se configura como criterio de valoración de los suelos rústicos.
Además, el n.º 2 del art. 28 de la Ley del Catastro Inmobiliario obliga al Catastro y al Ayuntamiento a iniciar un procedimiento de valoración colectiva «cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias». Y es que el incumplimiento de obligaciones legales por parte del Catastro y/o el Ayuntamiento no puede beneficiar a este último que, mientras tanto, se ha enriquecido injustamente con unas cuotas de IBI que eran improcedentes, o de ser procedentes lo eran en menor cuantía que las que ha recaudado.

¿Puede Catastro y Ayuntamiento seguir valorando estos bienes, utilizando Ponencias de Valores anteriores a la Ley 13/2015?
No, tanto el catastro como los Ayuntamientos, deben con base legal en el n.º 2 del art. 28 de la Ley del Catastro Inmobiliario debe, iniciar un procedimiento de valoración colectiva «cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias» y , en todo caso, si no es colectivo, sino singular, tramitar procedimiento de revisión de valoración.

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El Tribunal Supremo, en Auto 11660/2023  del 14/09/2023 ha admitido un Recurso de Casación, pendiente de resolución, con objeto de determinar  si resulta exigible a los municipios con población inferior a 2.000 habitantes la prestación del servicio o el ejercicio de la competencia relativa al tratamiento o depuración de las aguas residuales del municipio. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dab01794117cc3dea0a8778d75e36f0d/20230928

(Por auto de 22 de febrero de 2023 se admitió el recurso de casación nº 7868/2022, preparado también por la Administración General del Estado, en términos análogos). 

 Antecedentes:

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dictó resolución desestimando la reclamación presentada contra la resolución recaída en expediente sancionador cuyo contenido era el siguiente:

«1º .- Imponer al Excmo. Ayuntamiento de _____________la sanción de multa de 6.407 euros.

2º .- Obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico en la cifra de 49.32 euros.

3º .- La obligación de corregir inmediatamente los vertidos denunciados y para que, en el plazo de un mes, inste ante este Organismo de Cuenca su preceptiva legalización,

4º.- Instar al Excmo. Ayuntamiento de __________ para que dé cumplimiento a lo establecido en el RD 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en cuanto a la obligación de disponer de un sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas en el municipio y la de adecuar su vertido a los valores límites de emisión exigidos en el Anexo I del citado RD.

5º .- Siendo de su responsabilidad los daños y perjuicios que por incumplimiento de dicha obligación, se puedan ocasionar al dominio público hidráulico y/o a terceros.

6º.- Dar traslado de la presente resolución al Área de Calidad de Aguas, a los efectos oportunos.

Cuestión que va a analizar el Tribunal Supremo: 

recurrida, la sentencia que se dicta en ese proceso es objeto de Recurso de Casación, en el que se va  a analizar un tema importante de cara a la protección del medio ambiente: 

si los municipios tienen competencias en materia de depuración de aguas residuales, ya que se debate que, si en esta materia la competencia mínima es igual para todos los municipios al ser un servicio mínimo o no, aunque su población sea inferior a 2.000 habitantes, y ello entendiendo que, en el concepto de abastecimiento domiciliario y el alcantarillado del artículo 26.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local  se incluye el tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con una interpretación sistemática de este artículo en relación con el artículo  26.2 de esta misma ley.

Artículo 26. 1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

……

 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, ha señalado que los Ayuntamientos son los responsables del tratamiento de las Aguas residuales urbanas.

Esa responsabilidad implica necesariamente el conocer y regular los vertidos que se producen en su red de saneamiento, realización de inspecciones, toma de muestras, etc. 

Las Sentencias que se dicten, supondrán un paso en la prevención y evitación de daños al medio ambiente, pues aclararán si estamos ante un servicio mínimo que deben prestar incluso los municipios pequeños, de menos de 2.000 habitantes.

La entrada Depuración de aguas residuales en municipios inferiores a 2.000 habitantes se publicó primero en Conde Abogados.

Debe saber que el Tribunal Supremo ha sido claro: las clausulas que imponen a los clientes (consumidores) el pago de TODOS estos gastos son abusivas y nulas y en consecuencia las entidades financieras deben devolver a sus clientes una parte de los gastos de la hipoteca más los intereses desde fecha de pago de cada factura de gasto.
El Banco debe abonar a sus clientes:
• El 50% de la factura de Notario.
• La totalidad de la factura de Registro.
• La totalidad de la factura de Gestoría.
• La totalidad de la factura de Tasación.
Para poder reclamar los gastos hipotecarios necesitaremos copia de la Escritura de préstamo hipotecario/ novación/ ampliación, y Facturas de Notaria, Registro, Gestoría y Tasación.
Desde Conde Abogados nos ocupamos de todo: reclamación previa al Banco y procedimiento judicial si no le devuelve las cantidades, todo, con nuestra confianza y cercanía.

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¿Cómo obtenerlo si usted es un hombre y en su momento, a partir 01/01/2016 no se lo concedieron?

En el año 2016, en concreto, a partir del 1 de enero de 2016, con un mínimo de dos hijos, legalmente adoptados o biológicos, inscritos en el Registro Civil español, aunque hayan nacido fuera del país, se podía solicitar un complemento de maternidad con la pensión.

Cuáles eran los Requisitos:

Se aplicaba a pensiones contributivas de viudedad, jubilación o incapacidad permanente, (no pudiendo ser causa de incremento de las pensiones no contributivas de invalidez o jubilación -ni tampoco de las del SOVI-). Excluyendo la jubilación anticipada voluntaria y la parcial.

Para obtenerlo, se debían tener hijos biológicos o adoptados. De hecho su importe, se establecía a través de un tanto por ciento, el cual se aplica a la base reguladora a tener en cuenta para la pensión: un 5% más si el progenitor tenía dos hijos, un 10% en caso de tres o más, y el 15% si se tenían cuatro o más descendientes.

Sólo se concedía a mujeres, por lo que, ante la reclamación de un ciudadano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró discriminatorio el complemento de maternidad, reconociendo el derecho del hombre a solicitarlo.

¿Qué pasaba con los funcionarios?

La Disposición Final Primera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, modificó con efectos desde el 1 de enero de 2016 la Ley de Clases Pasivas del Estado, con la inclusión del complemento de maternidad también a los funcionarios.

Recientemente, el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/5d6fdcda06cefe04a0a8778d75e36f0d/20231124

ha reconocido el derecho de un hombre a obtener una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado, como consecuencia de que le denegó el complemento. El Tribunal Supremo, en cumplimiento de su labor unificadora, teniendo en cuenta que los perjuicios causados en cada caso son similares y derivan de la misma decisión del INSS, ha fijado la indemnización en la cantidad de 1.800 euros.

Esa cantidad, concluye la sentencia, comporta una reparación integral del perjuicio sufrido y procede siempre que haya sido menester que el varón discriminado por una resolución del INSS posterior a la STJUE 19 diciembre 2019 haya precisado del acudimiento a la jurisdicción social para conseguir el abono del complemento en cuestión.

¿Qué hacemos en Conde Abogados por usted?:

Analizar su situación

Asesorarle y reclamar su complemento de maternidad

Y, ahora, tras la decisión reciente del Tribunal Supremo, la indemnización de 1.800€ a su favor.

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